Resumen: El recurrente, promotor, vendió un inmueble a una persona ocultándole que era trastero y no vivienda. Se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia por falta de prueba. El motivo se desestima. Examen de la labor que corresponde al Tribunal de apelación cuando se alega ante él la infracción del derecho a la presunción de inocencia. La valoración de la prueba realizada por las instancias previas es razonable. También se alega prescripción. El motivo se desestima. La prescripción comienza cuando el delito termina, por lo que el cómputo del plazo no puede iniciarse antes de que el delito se haya perfeccionado y producido su resultado típico. Se denuncia la inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada. La sentencia, tras analizar los presupuestos para la su apreciación, desestima el motivo. El procedimiento no ha tenido paralizaciones remarcables. Finalmente se aduce que en el presente supuesto sería de aplicación la atenuante de cuasi prescripción, de análoga significación, porque se interpuso querella casi once años después de la compra. Se desestima la pretensión. Faltaban más de quince meses para la culminación del término de cierre del reproche penal.
Resumen: El bonus se aplica a quienes lo tienen fijado en el contrato. Antes de 2020, los contratos vinculaban el bonus a un porcentaje del salario base condicionado al cumplimiento de objetivos definidos anualmente por la empresa y a partir de 2020, los contratos incluyen cláusulas que otorgaban discrecionalidad a la empresa para conceder, modificar o eliminar el bonus, dejando su concesión al cumplimiento de objetivos establecidos unilateralmente. En acuerdo judicial de 2021 -conflicto colectivo- se indicó que la empresa abonaría el 88% del Bonus 2020 según contratos, prorrateado por días activos, con aceptación escrita. Desde 2021, la empresa no comunica formalmente los criterios de cálculo del bonus ni establece una política fija. Se afirma que no existe una MSCT, porque no se acreditó la existencia de una CMB , al exigir el TS para ello, que haya una voluntad inequívoca de incorporar una ventaja empresarial al contrato laboral y una permanencia continuada en el tiempo y la carga de probar la existencia y permanencia del beneficio recaía en la actora -art 217.2 LEC- y no lo hizo, constando por el contrario en la SJS que desde 2020 no existe una política de bonus con las características que invoca la recurrente y la actuación de la empresa en 2023 no implicó cambios respecto a ejercicios anteriores, basándose el recurso en datos e inferencias que no refleja el relato fáctico que no se interesó revisar, avalando la Inspección de Trabajo la actuación de la empresa.
